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La crisis que actualmente atraviesa Venezuela implica no solo la necesidad de instaurar un gobierno democrático o de transición, sino también, entender, atender y abordar una serie de circunstancias que confluyen generando y creando esa inmensa crisis. Uno de los aspectos más relevantes es el aspecto laboral, el trabajo. Los ciudadanos, las personas, deben trabajar para su sustento diario y el de su familia, para adquirir bienes de consumo, para adquirir una vivienda, para adquirir un vehículo, para distraerse, no sólo para sobrevivir. La legislación venezolana es prolija al disponer derechos y garantías laborales. Sin embargo, como muchos otros aspectos, la Constitución y la letra de la ley quedan muertas, soslayadas, vulneradas, por acciones gubernamentales, reglamentos, e incluso a veces por la misma ley. En estas líneas vamos a exponer, precisamente, sobre cinco aspectos que creemos fundamentales para la reconstrucción:  La remuneración.  La libertad sindical.  El sistema de Seguridad Social.  La falsa inamovilidad.  La Función Pública.  En primer lugar, por obvio, el tema de la remuneración. Los trabajadores tienen derecho a una remuneración suficiente, a alcanzar una mayor capacidad adquisitiva. Consustancialmente, se debe corregir el flagelo que implica la “desalarización” o “Bonificación del salario”. Fenómeno que corroe todo el sistema laboral legal venezolano y al que nos vamos a referir en la primera sesión. Otro aspecto importante es la necesidad de recuperar y respetar en todas sus manifestaciones la libertad sindical, la sindicación y, por supuesto, su principal objetivo, la negociación y las contrataciones colectivas, tanto en el sector público como en el sector privado. Se trata de la legitimación y despolitización de la representación sindical y de su participación en los mecanismos tripartitos que prevén convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) suscritos por Venezuela. En tercer lugar, la recuperación de los sistemas de seguridad social; nos referimos al sistema de pensiones y jubilaciones, al rearmado del Fondo de Ahorro para Vivienda, FAOV, lo que antes se denominaba política habitacional. El seguro de paro forzoso o seguro contra el desempleo y, por supuesto, el sistema de salud. El sistema de salud es un tema estructural, de inmensa envergadura que contempla muchos otros aspectos y requerirá significativa inversión económica y voluntad política, pero no olvidemos ese sistema de salud sigue siendo parte del sistema laboral y como tal debe abordarse de manera concatenada. En cuarto, el desmontaje de la fatal y falsa inamovilidad, ese perverso mecanismo que en realidad no sirve sino para distorsionar el verdadero motivo y razón de ser de la protección de inamovilidad, de la mujer embarazada, de los sindicalistas o, de los trabajadores en especiales circunstancias. Desde hace varios años, con motivo de su generalización y carácter permanente ha mutado para convertirse en un mecanismo de fraude, de chantaje y que impide un correcto desarrollo de las relaciones laborales. Por último, debe abordarse el tema de la función pública y de los trabajadores de las empresas del Estado. Se debe retomar y respetar la institución de la carrera administrativa (de la carrera judicial, y otras) como mecanismo idóneo para desmontar la burocracia, verificar la profesionalización de los funcionarios y empleados públicos, su capacitación y que cuenten con la garantía de la estabilidad que les otorga la “carrera” y el ingreso por concurso, con independencia de su filiación política u otras desviaciones. La “Bonificación del salario”. Necesidad de recuperar el salario real y legal. ¿Qué es la bonificación del salario? La bonificación del salario es un subterfugio que ha desmontado por vía de los hechos toda la legislación laboral venezolana en lo que respecta a los beneficios patrimoniales de los trabajadores. ¿En qué consiste? La escasa remuneración que actualmente reciben los trabajadores es denominada de otra manera, bono de guerra, bono de transporte, bono de eficacia, prima, complementos, gratificaciones, entre otros. Pero lo cierto es que, conforme a la Ley Orgánica del Trabajo[1], todos esos pagos recurrentes que recibe el trabajador como contraprestación por sus servicios deben ser considerados “salario”, indistintamente de cómo se les denomine[2]. ¿Y cuál es la importancia de esta nomenclatura? Conforme a la ley el salario en su integridad debe ser tomado en cuenta para pagar otros beneficios, como las horas extras, los días de descanso, los días feriados trabajados, y otros de pago anual, como las vacaciones, el bono vacacional y las utilidades, nuestros “aguinaldos” que hoy día se han reducido a nada. Todos estos beneficios tienen como base de cálculo el salario. Críticamente, este desvanecimiento del salario también afecta el cálculo y pago de las “prestaciones sociales”, la prestación de antigüedad que también se calcula con base en el salario[3]. Si el salario es bajo, reducido e insuficiente, y, además, solamente se cataloga como tal una pequeña porción de 130 bolívares mensuales, equivalente a un dólar, entonces las prestaciones sociales no tienen sentido, porque se calculan en base al tiempo de la relación laboral multiplicado por el último salario devengado. Hemos llegado a la situación de que un trabajador puede laborar por décadas y al final de la relación, recibir una indemnización que no vale absolutamente nada. Si vemos más allá, los sistemas contributivos, el Seguro Social, el paro forzoso (seguro de desempleo), el Fondo para vivienda. Todos estos sistemas sociales se fundan en el salario, que constituye su base contributiva. Si el salario no existe, el sistema tampoco. Recordemos, además, el insoslayable tema de los pensionados y jubilados. Las pensiones y las jubilaciones conforme a la Constitución “no podrán ser inferiores al salario mínimo urbano”, es decir el salario mínimo nacional. Pero si ese salario mínimo continúa siendo de 130 bolívares, como está anclado desde el año 2022, entonces, los viejitos, los discapacitados, las personas que están de “reposo” médico, ¿qué van a recibir? prácticamente nada. Todo esto, es causa y parte de la crisis social y económica. Implica la imposibilidad de acceder a bienes y servicios o al sistema de salud, y también, la imposibilidad de acceder a un crédito para adquisición de vivienda, pues ya no se financia la construcción y adquisición de viviendas con el otrora