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El 1º de mayo y el aumento de salarios en Venezuela El primero de mayo se celebra internacionalmente el Día del Trabajador, que en Venezuela constituye un día feriado o de asueto[1]. Durante la democracia nacida en 1958 era un verdadero día de fiesta en el que se realizaban marchas de trabajadores en las principales ciudades del país, que luego culminaban en verbenas y animadas celebraciones. Tradicionalmente, la efeméride de la tragedia de Chicago de 1886 incluía dos importantes y esperados eventos socio económicos, por una parte, la expresión pública y pacífica de las exigencias por parte de los trabajadores a través de consignas, pancartas, declaraciones y documentos promovidos por la representación sindical (CTV[2]) y, por otro lado, en una suerte de reivindicación y/o respuesta gubernamental se dictaban acuerdos o decretos de aumento del “salario mínimo”. Luego del ascenso de Chávez a la presidencia en 1999, específicamente a partir del año 2002, la fecha se convirtió en una oportunidad de reclamos y rechazo públicos contra el mandatario; seguidamente se comenzaron a producir marchas “por separado” de trabajadores oficialistas y opositores, tiñendo la celebración de un completo tinte político, y llevando a su desaparición en la misma medida en que mermaron las libertades políticas, al punto de que ahora sólo marchan los afines al régimen y se acosa a quienes lo adversan[3]. Sin embargo, se mantuvo en el tiempo la tradición de declarar aumentos de salario en la misma fecha. Bajo el mandato de Chávez y debido al creciente y permanente proceso de inflación y de devaluación del Bolívar, en 2008 se incrementó dos veces el salario mínimo (en enero y mayo), y a partir de allí, tres veces por año, en 2009, 2010, 2011 y 2012. Luego de la muerte de Chávez, y bajo el gobierno de Maduro, ya avanzados en el colapso económico y la crisis institucional, en los años 2013, 2014 y 2015 se decretaron cuatro (4) aumentos salariales cada año, que lamentablemente, resultaron cada vez más disminuidos e insuficientes frente a la exponencial alza de los precios y de la canasta básica, y el iniciado proceso fáctico de dolarización. En el fatídico año 2017, Venezuela vivió la mayor crisis de escasez alimentaria y energética de su historia, con una mega inflación de 2.616%[4], seguida de las astronómicos 65.000% y 20.000% para 2018 y 2019[5], respectivamente; y con una devastadora devaluación de la moneda que se formalizó por medio de la eliminación de cinco (5) ceros en 2018 y seis (6) ceros en 2021. Como corolario, en ese mismo año 2017 se dictaron seis (6) decretos con insignificantes “aumentos” del salario mínimo (en realidad, sólo 5), e inició el proceso de “bonificación”, a través del incremento de la ayuda para alimentación de carácter “no salarial”, denominada “Cestaticket”, que ya desde el año anterior (2016) había superado el monto del salario mínimo, y había comenzado a desplazarlo como principal ingreso.      En 2018 se decretaron siete (7) nuevos “aumentos”, ahora compuestos por incrementos del salario mínimo y del Cestaticket, y hasta tres (3) aumentos anuales en los siguientes 2019, 2020 y 2021; hasta llegar al año 2022 (marzo), cuando se fijó el salario mínimo nacional en ciento treinta bolívares (BS. 130) mensuales, equivalentes para ese momento a 30 dólares mensuales, es decir, a una remuneración de un (1) dólar por día. Luego de allí y hasta este 1º de mayo de 2025, se ha mantenido ese mísero salario mínimo mensual en bolívares (130), pero materialmente desmejorado por motivo de su devaluación, por lo que a la fecha el salario mínimo de los trabajadores venezolanos se ubica en 1,48 dólares mensuales, o 5 centavos de dólar diarios. En su alocución previa al 1° de mayo, Maduro supuestamente incrementó lo que denominó: “ingreso mínimo integral indexado”[6], que en realidad sólo implicó el aumento del “bono de guerra económica”, otro invento que sólo  es percibido por algunos trabajadores del sector público. Por lo que, en definitiva, los trabajadores no han recibido ningún incremento.  Así, durante estos tres últimos años (y ahora el cuarto) el salario mínimo mensual nominalmente congelado en bolívares (Bs. 130) y fácticamente disminuido por la devaluación, se ha constituido en el salario más bajo del mundo. Durante este tiempo, como mágica “solución” a esa grave situación se han creado o inventado, ayudas, bonos y otros pagos, que conforman el “ingreso” de los trabajadores, y que, amén de no aumentar sustancialmente su poder adquisitivo, han venido a formar parte de la crisis social, económica, política y legal que sufre la población, en lo que se ha calificado internacionalmente como una “Crisis humanitaria compleja”, que, más allá de cualquier calificación, muestra sus catastróficos efectos a través de un éxodo migratorio de más de ocho millones de personas, a pesar de no existir una situación bélica ni haberse padecido alguna tragedia natural.   La complejidad de la crisis venezolana y el proceso de des-salarización  El adjetivo de “compleja” incorporado a la denominación de la crisis venezolana, tristemente, resulta adecuado pues obedece a múltiples causas y se manifiesta en graves, diversas y expansivas consecuencias. Esa complejidad también acarrea que estas circunstancias críticas (causas y efectos) resulten de difícil comprensión para los residentes de otros países; especialmente, las más notorias: que el país con las mayores reservas de petróleo del mundo[7] sufra escasez  de gasolina y otros derivados o que, el otrora país receptor de migrantes ahora expulsa a sus hijos por falta de adecuadas condiciones de vida[8]. Más allá de esas evidentes e incomprensibles situaciones, existen otras de muy compleja inteligencia, como la depreciación y devaluación del bolívar, el manejo del  dólar como moneda de uso corriente (cuando el bolívar continúa siendo la moneda oficial), la brecha existente entre el valor del dólar oficial y el paralelo, sueldos que han sido congelados y minimizados desde hace varios años mientras que la inflación continúa su avance, la proliferación de la economía informal, el déficit en la generación de empleo, un parque industrial cada vez más disminuido, la falta de incentivos para el otorgamiento