La noticia de un próximo proceso de regularización masiva ha despertado, como es lógico, una gran ilusión en muchas personas que buscan estabilizar su vida en España. Sin embargo, desde nuestro roce diario con el contexto del derecho de extranjería en España, creemos que es nuestra responsabilidad analizar estos anuncios con calma.
El objetivo de poner en marcha este plan para abril de este año nos genera cierta preocupación, pues los plazos de respuesta que se prometen no parecen ajustarse a la realidad administrativa que vemos cada día en la práctica, pues sabemos que la propia Administración reconoce de forma habitual que existen retrasos significativos debido a la falta de personal preparado. Esta falta de recursos no solo hace que los expedientes se acumulen, sino que aumenta la probabilidad de que se cometan errores durante la tramitación. Lamentablemente, cuando estos fallos ocurren, son los solicitantes quienes sufre las consecuencias, viendo cómo su permiso de residencia se demora y su situación de vulnerabilidad se prolonga innecesariamente.
Las lecciones que nos dejó el Reglamento de Extranjería de 2024
Es importante echar la vista atrás para entender por qué somos cautos. En noviembre de 2024 se aprobó un nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería que incluía avances muy positivos sobre el papel, como el permiso de trabajo provisional para quienes tramitaban su residencia como familiares de españoles, la posibilidad de gestionar la residencia rápidamente a través de un Consulado y la reducción de plazos de la mayoría de los procedimientos de 90 a 60 días.
Para que todo funcionara, se otorgó un plazo de seis meses para la entrada en vigor de reglamento y así dar oportunidad a la Administración de preparar todo, sin embargo, cuando llegó el 20 de mayo de 2025 (fecha de entrada en vigor), la realidad nos golpeó de nuevo: al llevarlo a la práctica, nos encontramos con que las admisiones a trámite tardaban demasiado en emitirse o, incluso cuando llegaban, no indicaban expresamente que se podía trabajar de forma provisional, los Consulados tardaron meses en publicar información sobre cómo acceder a los nuevos procedimientos, los sistemas informáticos no estaban actualizados, la mayoría de los funcionarios desconocían los nuevos criterios y las Oficinas de Extranjería, ya saturadas, se vieron desbordadas por la mezcla de procedimientos antiguos y nuevos.
Es por estas razones que nos cuesta creer que, con estos cambios constantes, el sistema acabe solucionando el problema en lugar de seguir empeorándolo.
Un mensaje que puede resultar confuso
Otro punto que debemos analizar es el mensaje que se envía con los requisitos de esta nueva regularización. Ya que al permitir que personas que demuestren cinco meses de irregularidad puedan acceder a un permiso de residencia (siempre que hayan entrado en España antes del 31 de diciembre de 2025), surge una duda razonable sobre la estrategia del Gobierno. Parece que, “sin querer queriendo”, se podría estar invitando a las personas a mantenerse en una situación irregular en lugar de buscar vías de regularidad a través de las distintas opciones que ofrece la Ley de Extranjería desde el principio como pueden ser venir como Nómada Digital o con una Estancia por Estudios.
Un voto de confianza con cautela profesional
Desde AMS Abogados, nos preguntamos si estas medidas son realmente la solución que se necesita.
Aunque los precedentes nos obligan a ser escépticos con los plazos oficiales, no queremos perder la esperanza. Preferimos “hacernos creer” que realmente existe una voluntad sincera de ayudar a quienes más lo necesitan y de corregir las carencias del sistema migratorio actual. Sin embargo, nuestra prioridad siempre será la de proteger los intereses de nuestros clientes y evitar que los errores administrativos compliquen su futuro y el de sus familias.
Entendemos que cada situación es diferente y lo que puede ser una oportunidad para unos, puede no ser el camino más seguro para otros. Por eso, siempre recomendamos sentarnos a estudiar cada caso de forma individual. Solo diseñando una estrategia personalizada podemos asegurarnos de que se están aprovechando las mejores opciones que ofrece la ley, evitando riesgos innecesarios en un sistema que, a veces, parece caminar más lento que las necesidades del administrado.
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