Las obligaciones patronales adicionales al salario no son una anomalía venezolana. Las prestaciones sociales, las contribuciones a la seguridad social y otros beneficios laborales forman parte del funcionamiento habitual de las economías formales, incluso en los países más desarrollados y competitivos del mundo.
En el contexto del proceso de cambio democrático que atraviesa Venezuela, la reconstrucción del sistema laboral constituye uno de los principales desafíos para la recuperación económica e institucional del país. Durante el año 2026 distintos sectores empresariales han planteado la necesidad de revisar el régimen de prestaciones sociales y las obligaciones económicas derivadas de la legislación vigente por considerar que dificultan los incrementos salariales, la generación de empleo formal y la sostenibilidad de las empresas. Sin embargo, la experiencia internacional, incluso de la región, demuestra que el cumplimiento de otras obligaciones patronales distintas al salario no constituye, por sí misma, un impedimento para el desarrollo de economías competitivas.
I.- La reconstrucción del sistema laboral venezolano
Cualquier modificación de la legislación vigente debe considerar el funcionamiento de la seguridad social, las obligaciones económicas de los empleadores y los mecanismos de protección de los trabajadores. El objetivo es corregir las distorsiones del sistema sin debilitar los derechos laborales.
En febrero de 2026, Jorge Roig, representante de Fedecámaras ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), planteó la necesidad de modificar la legislación laboral venezolana[1] para facilitar la recuperación salarial. Entre sus principales cuestionamientos destacó el régimen de cálculo de las prestaciones sociales, al considerar que las obligaciones derivadas de este sistema (de cálculo retroactivo) dificultan la aplicación de incrementos salariales sostenibles. Por su parte, Consecomercio ha planteado la necesidad de modificar el régimen de prestaciones sociales para reducir su impacto sobre el patrimonio de las empresas y facilitar incrementos salariales[2]. La organización también ha propuesto aliviar la carga tributaria, mejorar el acceso al financiamiento y simplificar los trámites administrativos, con el propósito de favorecer la actividad productiva y la generación de empleo formal.
La «reforma del sistema laboral venezolano», de estimarse necesaria, debe corregir los problemas acumulados durante las últimas décadas, mejorar el funcionamiento de la seguridad social y garantizar los derechos de los trabajadores, sin imponer cargas excesivas que dificulten la actividad de las empresas. Desde esta perspectiva, juristas venezolanos han advertido que una reforma concentrada exclusivamente en modificar el régimen de prestaciones sociales resultaría insuficiente para resolver los problemas estructurales del sistema. Es decir, cualquier modificación debe considerar los límites constitucionales del régimen prestacional, la necesidad de reestablecer un diálogo tripartito auténtico y la utilización de criterios financieros y matemáticos verificables para evaluar las obligaciones patronales. Adicionalmente, debe considerarse que no existe evidencia empírica que vincula la grave situación empresarial con las obligaciones laborales.
Uno de los problemas que debe abordarse en cualquier reforma laboral es la des-salarización, mediante la cual, la mayor parte de los ingresos de los trabajadores se paga a título de bonificaciones que no se incorporan plenamente al salario utilizado para calcular los otros beneficios laborales y las contribuciones. Esta práctica afecta la protección económica de los trabajadores y debilita severamente el financiamiento de los sistemas de seguridad social. Por ello, la recuperación del salario y la revisión de las obligaciones patronales deben abordarse como aspectos interdependientes de la pretendida reforma.
También resulta necesario revisar la prolongación de los regímenes excepcionales de inamovilidad laboral, el funcionamiento de los organismos administrativos del trabajo, sus abusivas atribuciones[3] y la dispersión de los mecanismos de recaudación y fiscalización. La protección frente al despido arbitrario y la protección de los derechos laborales, constituyen una garantía fundamental, pero su aplicación debe contar con procedimientos eficaces, previsibles y respetuosos de los derechos de ambas partes de la relación laboral[4].
II.- Las cargas laborales ordinarias en Venezuela
La experiencia internacional nos ofrece un punto de referencia. En España, las cotizaciones empresariales ordinarias superan el 30% de la base salarial sujeta a cotización[5], mientras que en México[6], Argentina[7], Colombia[8] y Chile[9] los empleadores también deben asumir contribuciones a la seguridad social y otras prestaciones laborales. Incluso en Estados Unidos, donde las cotizaciones federales obligatorias son comparativamente menores, los beneficios laborales representaron el 30% del costo total de compensación en el sector privado durante junio de 2026, según el Bureau of Labor Statistics[10]. En América Latina y el Caribe, una actualización del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), publicada en febrero de 2026 y basada en datos de 2023[11], situó los costos laborales no salariales en un promedio del 51,1% de los salarios formales. Aunque estas cifras responden a metodologías diferentes, muestran que las obligaciones adicionales al salario son habituales en las economías formales. La experiencia internacional demuestra que no todas las cargas que asumen las empresas son iguales, algunas están destinadas a proteger los derechos de los trabajadores, mientras que otras son contribuciones adicionales que tienen objetivos diferentes. Esta distinción es importante para analizar las obligaciones de las empresas en nuestro país.
En Venezuela, las cargas laborales pueden representar un costo adicional del 48,37% sobre el salario de cada trabajador. De este porcentaje, el 33,97% corresponde a beneficios laborales como utilidades, vacaciones, bono vacacional y prestaciones sociales (antigüedad), mientras que el 14,41% restante incluye aportes obligatorios al Seguro Social, al régimen de vivienda y al Instituto de Capacitación y Educación (INCES). Esto significa que por cada 100 dólares que una empresa paga en salarios, debe destinar aproximadamente 48 dólares adicionales al cumplimiento de estas obligaciones, sin incluir otras contribuciones «extraordinarias» que pueden aumentar los costos.
La legislación venezolana contempla obligaciones históricamente vinculadas con la contratación de trabajadores, entre ellas las prestaciones sociales (antigüedad y la otrora cesantía), las vacaciones remuneradas, las utilidades y las cotizaciones a la seguridad social. Estos derechos y contribuciones constituyen una parte legítima del costo laboral y cumplen funciones de protección económica, previsión y formación profesional; y adicionalmente, tienen fundamento constitucional.
La Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), publicada en 2012, establece un régimen de prestaciones sociales que reconoce la antigüedad del trabajador y garantiza una compensación al finalizar la relación laboral. Su normativa dispone el depósito de quince días de salario por cada trimestre, además de días adicionales por antigüedad, y contempla -alternativamente- un cálculo final de treinta días por año de servicio o fracción superior a seis meses. Al terminar la relación de trabajo, corresponde pagar el monto que resulte más favorable conforme a los referidos mecanismos legales. Este sistema representa una obligación económica importante para las empresas, especialmente cuando se producen incrementos salariales que inciden en el cálculo final de las prestaciones. No obstante, su finalidad es proteger un derecho laboral reconocido constitucionalmente, por lo que cualquier modificación debe respetar las garantías de intangibilidad y progresividad previstas en la Constitución.
A las prestaciones sociales se suman las vacaciones, el bono vacacional, las utilidades y las contribuciones destinadas al financiamiento de la seguridad social. Estas últimas comprenden los aportes al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), al Régimen Prestacional de Empleo y al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV), además de las contribuciones al Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES).
Cuadro de las principales cargas laborales y contribuciones empresariales en Venezuela
Obligación | Aporte o prestación | Base de cálculo y observaciones |
Prestaciones sociales | Garantía de 15 días por trimestre, más días adicionales por antigüedad | Salario aplicable conforme al artículo 142 de la LOTTT; se compara con el cálculo final previsto en la ley |
Utilidades | Mínimo 30 y máximo 120 días de salario por año | Régimen de participación en beneficios y mínimo legal aplicable |
Vacaciones remuneradas | 15 días hábiles iniciales, más un día adicional por año hasta el máximo legal | Salario correspondiente al período vacacional |
Bono vacacional | Mínimo 15 días de salario normal, más un día por año hasta 30 días | Se paga con ocasión de las vacaciones |
Seguro Social Obligatorio (IVSS) | 9 %, 10 % u 11 % patronal, según el riesgo | Salario sujeto a cotización, con tope legal |
Régimen Prestacional de Empleo | 2 % patronal | Salario sujeto a cotización, con tope legal |
Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV) | 2 % patronal | Base salarial correspondiente, conforme a la normativa aplicable |
INCES | 2 % patronal | Salario normal; aplicable a entidades de trabajo sujetas a la obligación, generalmente desde cinco trabajadores |
Fondo Nacional Antidrogas (FONA) | 1 % | Ganancia o utilidad en operaciones del ejercicio, para sujetos obligados con 50 o más trabajadores |
Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI) | 0,5 %, 1 % o 2 %, según actividad y tipo de empresa | Ingresos brutos del ejercicio anterior, para sujetos que superen el umbral legal |
El cuadro reúne prestaciones laborales, cotizaciones de seguridad social y contribuciones especiales.
Las cotizaciones ordinarias tienen características distintas. El aporte patronal al IVSS varía según el riesgo de la actividad, el Régimen Prestacional de Empleo financia la protección frente a la pérdida involuntaria del trabajo, el FAOV se vincula con el acceso a la vivienda, mientras que el INCES está destinado a la formación y capacitación de los aprendices y su inserción al mercado laboral.
Estas obligaciones con arraigo histórico están relacionadas con el empleo y la protección de los trabajadores, y suman un porcentaje adicional al salario, que en total resulta similar al de otros países. Aunque algunos aspectos pueden mejorarse, cumplen una función importante dentro del sistema laboral. El problema aparece con la adición de nuevas «contribuciones» que no benefician directamente a los trabajadores, sino que están destinadas a financiar otras actividades del Estado. Su acumulación ha elevado significativamente el costo de la «nómina» sin que exista una correspondencia verificable entre los recursos aportados y los resultados obtenidos. Y, lo que es peor, sin que el dinero implique un beneficio para los trabajadores.
III.- Las cargas exorbitantes
Entre las contribuciones adicionales que deben revisarse destacan la creada a través de la Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social Frente al Bloqueo Imperialista, el aporte al Fondo Nacional Antidrogas (FONA), las obligaciones de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI), la contribución al Fondo Nacional para el Desarrollo del Deporte y el aporte al Fondo de Responsabilidad Social, previsto en la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, que afecta a determinados prestadores de servicios de radio y televisión. Aunque estas contribuciones tienen objetivos establecidos por la ley, representan gastos adicionales para las empresas que no están directamente relacionados con los derechos laborales. Por eso, es importante revisar su racionalidad, cómo se administran los recursos y si realmente se utilizan para los fines previstos.
III.1 La contribución especial para la protección de las pensiones
Especial referencia amerita la Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social Frente al Bloqueo Imperialista que creó una nueva contribución que pagan las empresas privadas. La ley permite cobrar hasta un 15% sobre los salarios y bonos pagados a los trabajadores, y un decreto de mayo de 2024 fijó ese porcentaje en el 9%. La principal objeción a este mecanismo no se refiere a la supuesta finalidad de proteger a los pensionados, sino a la opacidad del uso de los recursos y a la inexistencia de un beneficio para los pensionados[12]. Venezuela ya dispone de un sistema de seguridad social al que empleadores y trabajadores realizan cotizaciones obligatorias y al que corresponde pagar las pensiones y jubilaciones.
La creación de una contribución adicional plantea, por tanto, interrogantes sobre la suficiencia, administración y destino de los recursos del régimen ordinario. La nueva contribución se superpone a las cotizaciones que los empleadores ya están obligados a realizar al IVSS, destinadas, entre otras prestaciones, al financiamiento de las pensiones. En consecuencia, las empresas deben asumir una obligación adicional o duplicada para contribuir a una finalidad que ya se encuentra contemplada en el régimen ordinario de seguridad social y que se paga a través de otro mecanismo. Aunque la propia ley establece que ambos aportes son distintos e independientes, esta duplicidad de mecanismos de financiamiento plantea interrogantes sobre la necesidad y justificación de la nueva carga.
La contribución no se calcula únicamente sobre el salario básico o normal, sino sobre el total de los pagos por concepto de salario y bonificaciones de carácter no salarial. La normativa también establece una base mínima vinculada al «ingreso mínimo integral indexado», lo que complica su cálculo y puede incrementar las obligaciones de las empresas incluso cuando los pagos efectivos a sus trabajadores sean inferiores a esa referencia.
El aspecto más cuestionable es la opacidad respecto al destino y la administración de los recursos, porque mientras las cotizaciones ordinarias se realizan al IVSS, la nueva contribución es recaudada por el SENIAT e ingresa al Tesoro Nacional. La ley no establece un mecanismo específico que permita verificar su distribución directa a los pensionados, lo que genera dudas sobre la transparencia y el destino efectivo de los fondos recaudados.
De esta manera, la contribución incrementa los costos laborales, añade complejidad al cumplimiento de las obligaciones empresariales y puede desincentivar el incremento de la remuneración. Por ello, una reforma laboral debería considerar su eliminación y fortalecer los mecanismos ordinarios de financiamiento de la seguridad social, garantizando una administración transparente y una utilización verificable de los recursos destinados a las pensiones.
III.2.- El aporte al Fondo Nacional Antidrogas (FONA)
La Ley Orgánica de Drogas obliga a las empresas con 50 o más trabajadores a aportar el 1% de sus ganancias operativas para financiar programas de prevención del consumo de drogas. A diferencia de otras cargas laborales, este aporte no depende de los salarios, sino de las ganancias de la empresa, además, el número de trabajadores determina quién debe pagarlo. Se trata de un tributo adicional que pecha a quienes generan más empleo, vale decir, en vez de incentivar la contratación impone cargas adicionales. Por demás, se desconoce cómo y en qué se utilizan estos recursos.
III.3.- Los aportes de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación
La Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI) obliga a determinadas empresas a realizar aportes para financiar proyectos de investigación, ciencia y tecnología. Esta contribución puede ser del 0,5%, 1% o 2% de los ingresos brutos, dependiendo de la actividad económica que desarrollen. A diferencia de las contribuciones laborales, este aporte no se calcula sobre los salarios ni sobre las ganancias, sino sobre los ingresos de las empresas. Esto significa que debe pagarse incluso cuando los beneficios sean reducidos o se hayan generado pérdidas.
Aunque financiar la ciencia y la tecnología es importante para el desarrollo del país, esta contribución representa una carga adicional para las empresas que debería revisarse dentro de una reforma del sistema, para ser cubierta por el presupuesto nacional y los impuestos ordinarios.
III.4.- El aporte de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos
La Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos establece una contribución del 2% de los ingresos brutos trimestrales para determinados prestadores de servicios de radio y televisión abierta. Estos recursos se destinan al Fondo de Responsabilidad Social, que financia proyectos relacionados con la producción nacional y la formación en materia audiovisual.
Esta obligación afecta a un sector económico específico, pero también representa un costo adicional que se calcula sobre los ingresos y no sobre las ganancias de las empresas, por lo que su impacto puede ser mayor cuando los beneficios son reducidos. A lo que debe sumarse que no implica ningún beneficio para los trabajadores de esas ni de otras empresas. Su revisión debería considerar tanto el efecto económico sobre los prestadores de estos servicios como la transparencia en el uso de los fondos recaudados.
III.5.- El aporte al Fondo Nacional para el Desarrollo del Deporte
La Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física dispone que las empresas y otras organizaciones con fines de lucro deben aportar el 1% de sus ganancias contables anuales, cuando estas superen las 20.000 unidades tributarias. El dinero está destinado a financiar actividades deportivas, proyectos de formación y programas de apoyo a los atletas. Aunque estos objetivos son importantes, el aporte representa, una vez más, otra obligación económica adicional que no está directamente relacionada con los salarios ni con las prestaciones de los trabajadores. Por ello, también debe revisarse dentro de una reforma que busque reducir las cargas empresariales y garantizar un uso transparente de los recursos.
III.6.- El problema de la acumulación de contribuciones
La contribución especial de pensiones, el aporte al FONA y las obligaciones previstas en la LOCTI responden a finalidades distintas y tienen bases de cálculo diferentes. No obstante, pueden recaer simultáneamente sobre una misma empresa, además de las obligaciones laborales, tributarias y administrativas ordinarias. La acumulación de estas cargas plantea un problema que no puede evaluarse únicamente mediante la suma de sus alícuotas. El impacto depende del volumen de remuneraciones, los ingresos brutos, las utilidades, el número de trabajadores y la actividad económica desarrollada.
El objetivo de una reforma debería ser evitar que las empresas financien, mediante contribuciones acumulativas y de difícil evaluación, obligaciones generales del Estado sin garantías adecuadas de transparencia, proporcionalidad y rendición de cuentas. La acumulación de estas contribuciones debe analizarse junto con los impuestos que ya pagan las empresas, como el Impuesto sobre la Renta, el IVA y el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras. En particular, la tasa general máxima del ISLR para las empresas es del 34%, superior al promedio del 21,2% registrado por la OCDE en 146 jurisdicciones en 2026[13].
IV.- Las matemáticas prestacionales y las propuestas para una reforma
Si de reconstruir el sistema laboral se trata y en el supuesto de que ello requiera de una reforma, ésta debe partir de la protección de los derechos de los trabajadores, y liberar de cargas excesivas a las empresas. El problema no está únicamente en cuánto deben pagar los empleadores, sino también en la diversidad de contribuciones, sus diferentes formas de cálculo y los trámites necesarios para cumplir con ellas, aunado a los excesivos y abusivos mecanismos de fiscalización.
En primer lugar, es necesario revisar y eliminar las contribuciones extraordinarias que resulten excesivas o no estén suficientemente justificadas, especialmente aquellas que no están directamente relacionadas con las relaciones laborales. Esto permitiría reducir los costos empresariales, favorecer la contratación de trabajadores y la recuperación de los salarios.
En segundo lugar, deben mejorarse los mecanismos de control y supervisión para garantizar que los recursos recaudados se utilicen correctamente. Las autoridades deberían publicar información clara sobre cuánto dinero reciben, cómo lo administran y a qué programas se destina.
Otra medida importante sería establecer límites mínimos y máximos para las contribuciones, de manera que las empresas conozcan con mayor claridad sus obligaciones y los aportes sean proporcionales a su capacidad económica y las remuneraciones de los trabajadores. Lo que ayudaría a evitar cargas desmedidas y facilitaría la planificación de los costos.
La reforma también debería suprimir otras cargas, como la inamovilidad laboral general y sustituirla por el régimen normal de estabilidad que protege a los trabajadores frente a los despidos injustificados, con garantías y procedimientos claros. La protección del empleo debe ser compatible con la contratación de nuevos trabajadores y la continuidad de las empresas.
Asimismo, es necesario revisar y limitar las potestades de las inspectorías del trabajo, especialmente aquellas que les permiten resolver controversias entre trabajadores y empleadores. La resolución de estos conflictos debe trasladarse a los tribunales laborales, con garantías de independencia, imparcialidad, derecho a la defensa y debido proceso. Las inspectorías deben concentrarse en la supervisión del cumplimiento de la legislación laboral, dentro de límites claros y con sus actuaciones sujetas a control judicial.
Finalmente, destaca la propuesta del profesor Ramón Alfredo Aguilar de crear una taquilla única, mediante una plataforma digital que permita a las empresas pagar sus cotizaciones laborales y de seguridad social (todas) en una única declaración mensual, sin tener que acudir a distintos organismos y procesos. Esta medida simplificaría los trámites, reduciría los costos administrativos y facilitaría la supervisión de los pagos.
En definitiva, la reforma debe buscar un equilibrio entre la protección de los trabajadores y la capacidad de las empresas para generar empleo. Un sistema más sencillo, transparente y con obligaciones razonables contribuiría a recuperar la actividad económica y fortalecer la seguridad social en Venezuela.
La necesidad de revisar las cargas que enfrentan las empresas también se refleja en los resultados de la encuesta de Conindustria del segundo trimestre de 2026, que identifica la presión tributaria entre los principales obstáculos para la actividad industrial, a las que además se suman las fallas eléctricas, las dificultades para acceder a divisas y la falta de financiamiento. Por su parte, el Gobierno ha anunciado una reforma tributaria para armonizar las cargas fiscales y favorecer la producción, aunque todavía no ha precisado su alcance[14]. Estas circunstancias refuerzan la importancia de impulsar una reforma más amplia, que no se limite al cálculo de la prestación de antigüedad, sino que también revise las contribuciones extraordinarias, simplifique las obligaciones de las empresas, suprima la inamovilidad general y reserve a los tribunales laborales la resolución de los conflictos entre trabajadores y empleadores.
Por último, es menester insistir en que cualquier cambio debe gestarse por consenso, a través de mesas tripartitas, y de ser posible con consulta directa a los trabajadores.
[1] «Jorge Roig: “Se debe modificar la legislación laboral vigente”», El Impulso, 10 de febrero de 2026. Véase en: https://www.elimpulso.com/2026/02/10/jorge-roig-se-debe-modificar-la-legislacion-laboral-vigente-10feb/
[2] «Consecomercio pide que se le incluya en discusiones sobre reforma tributaria», Fedecámaras Radio, 14 de octubre de 2026. Véase en: https://fedecamarasradio.com/destacados/consecomercio-pide-que-se-le-incluya-en-discusiones-sobre-reforma-tributaria/
[3] AGUILAR C., Ramón Alfredo. «Constitución, potestades administrativas y derechos fundamentales en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT)». Caracas, 2014. Véase en: https://amsabogados.org/libro-constitucion-potestades-administrativas/
[4] AGUILAR C., Ramón Alfredo. «Estabilidad e inamovilidad laboral. Un esfuerzo de distinción». Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia, n.º 5, 2015, pp. 25–82. Véase en: https://amsabogados.org/libro-estabilidad-e-inamovilidad-laboral-un-esfuerzo-de-distincion/
[5] Tesorería General de la Seguridad Social de España, «Tipos de cotización. Régimen General, ejercicio 2026». Véase en: https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/CotizacionRecaudacionTrabajadores/10721/10957/9932/4315
[6] Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), «Sistema Único de Autodeterminación», información sobre cuotas obrero-patronales y aportaciones de vivienda. Véase en: https://www.imss.gob.mx/node/73917
[7] Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), República Argentina, «Aportes y contribuciones», sección Empleadores. Véase en: https://www.arca.gob.ar/relaciones-laborales/empleadores/aportes-y-contribuciones.asp
[8] Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), República de Colombia, «ABC: Trabajadores dependientes que devengan salario integral», 2026. Véase en: https://www.ugpp.gov.co/wp-content/uploads/2026/02/ABC-Trabajadores-dependientes-que-devengan-salario-integral.pdf
[9] Dirección del Trabajo de Chile, «La Gratificación», información sobre las modalidades de pago previstas en el Código del Trabajo. Véase en: https://www.dt.gob.cl/portal/1626/w3-article-100598.html
[10] U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS). Employer Costs for Employee Compensation. June 2026. Departamento de Trabajo de Estados Unidos, 9 de septiembre de 2026. Véase en: https://www.bls.gov/news.release/ecec.htm
[11] «Salaried Labor Costs in Latin America and the Caribbean: A Ten-Year Update». Banco Interamericano de Desarrollo (BID), febrero de 2026. Véase en: https://publications.iadb.org/en/salaried-labor-costs-latin-america-and-caribbean-ten-year-update
[12] AGUILAR C., Ramón Alfredo, «Nueva ley de protección de pensiones en Venezuela: Confisca, pero no protege», AMS Abogados, 29 de mayo de 2024. Véase en: https://amsabogados.org/ley-de-proteccion-de-pensiones-en-venezuela/
[13] PwC. «Venezuela – Corporate – Taxes on corporate income». Worldwide Tax Summaries, revisión de 30 de septiembre de 2026; OCDE. Corporate Tax Statistics 2026. Véase en: https://taxsummaries.pwc.com/venezuela/corporate/taxes-on-corporate-income
[14] «Promesa salarial del Gobierno tropieza con los límites de la economía», Runrun.es, 16 de octubre de 2026. Véase en: https://runrun.es/rr-es-plus/622872/promesa-salarial-del-gobierno-tropieza-con-los-limites-de-la-economia/
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