La diligencia debida empresarial
Carmen Alguindigue Morles[1]
Resumen
Europa ha mostrado interés por la apertura económica venezolana y por los sectores que esta pone al alcance de la inversión extranjera -antes reservados al Estado-. En el ámbito de la gobernanza empresarial, cabe acotar que la empresa europea no llegará sola: la acompaña la diligencia debida empresarial en materia de derechos humanos, una obligación que le impone su propio derecho, por lo que debe estar incluida en cada propuesta de inversión con la forma concreta de operar en cada actividad. Mediante el análisis de los estándares internacionales, la legislación europea y el ordenamiento venezolano, el artículo muestra que esa obligación, aunque parezca nueva, no es ajena al país, pues la Constitución y los tratados ratificados respaldan el estándar. Concluye que la apertura es una oportunidad adicional para reforzar la exigibilidad de los derechos humanos en Venezuela.
Palabras clave: diligencia debida; derechos humanos; exigibilidad; gobernanza empresarial; inversión extranjera; apertura económica; Venezuela.
Abstract
Europe has shown interest in Venezuela’s economic opening and in the sectors it places within reach of foreign investment, previously reserved to the State. From a corporate governance perspective, it should be noted that European companies will not arrive alone: they bring with them corporate human rights due diligence, an obligation imposed by their own law, which must therefore be included in every investment proposal through the specific way the company operates in each activity. Through an analysis of international standards, European legislation and the Venezuelan legal order, the article shows that this obligation, although it may seem new, is not alien to the country, since the Constitution and the ratified treaties support the standard. It concludes that the opening is an additional opportunity to strengthen the enforceability of human rights in Venezuela.
Keywords: due diligence; human rights; enforceability; corporate governance; foreign investment; economic opening; Venezuela.
1. La pregunta del inversionista europeo
La apertura económica venezolana de 2026 pone al alcance de la inversión extranjera sectores que durante décadas estuvieron reservados al Estado, como los hidrocarburos y la electricidad[2], y procura sacar del subterráneo una economía que funcionó durante años con marcada ineficiencia y un cuestionado control de su gestión[3]. Con sus recursos energéticos y minerales, su necesidad de capital y la urgencia de poner a andar los servicios públicos, el país ha despertado el interés europeo. Entre otros signos, Portugal anunció la reapertura en Caracas de su agencia de inversión, empresas españolas y francesas del sector energético han manifestado su disposición a ampliar operaciones y, en Alemania, las cámaras de comercio evalúan oportunidades en el país[4].
La empresa europea, sin embargo, no llega sola, la acompaña la diligencia debida empresarial en materia de derechos humanos, una obligación que le impone su propio derecho y que viaja con ella a cada propuesta de inversión. De allí la pregunta que hoy se plantea ese inversionista, y que este artículo busca responder: ¿Es posible invertir en Venezuela y, al mismo tiempo, cumplir lo que esa diligencia le exige?
La respuesta tiene su fundamento en el propio ordenamiento venezolano, aunque ninguna ley la nombre, la Constitución y los tratados ratificados por la República contienen las normas que respaldan ese estándar. Venezuela ya tiene las normas; lo que durante años les faltó fue aplicación. En este orden de ideas, la apertura obliga a que esas normas se revitalicen y se conviertan en exigibles. La ocasión de devolver los derechos humanos a la primera línea, tras años de opacidad, llega también de la mano de la inversión.
2. Lo que su propio derecho le exige
Quien invierte hoy a nivel global practica diligencia debida en varios frentes, como la prevención de la legitimación de capitales, la lucha contra la corrupción o el cumplimiento de las sanciones internacionales. A esa misma lógica pertenece el respeto de los derechos humanos, que se concreta en la diligencia debida en esta materia. Conforme a los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos de Naciones Unidas, esta es el proceso mediante el cual una empresa identifica, previene, mitiga y rinde cuentas de los impactos negativos que sus actividades, o las de sus socios comerciales, pueden causar sobre las personas[5], examen que las legislaciones europeas más recientes extienden al ambiente. El riesgo que gestiona deja de ser el de la propia empresa para convertirse en el de los trabajadores, las comunidades y los consumidores.
Esta diligencia no debe confundirse con la responsabilidad social empresarial. En Venezuela, esta última es en parte obligatoria, pues quien contrata con el Estado debe asumir un compromiso de responsabilidad social y las empresas están sujetas a aportes para la ciencia, el deporte y la prevención del consumo de drogas[6]. La diferencia, entonces, no reside en que una sea exigible y la otra no, sino en lo que cada una exige: la responsabilidad social, un aporte; la diligencia debida, una forma de operar, que se aprecia en cómo contrata la empresa, a quién elige como socio y de dónde proviene lo que compra. Por ello una no compensa la otra[7]. A modo de ejemplo, la minera que financia una escuela mientras compra oro a una mina controlada por grupos armados no se libera con lo primero del incumplimiento de lo segundo.
La incorporación de la diligencia debida no exige una estructura nueva, sino que el sistema de cumplimiento que la empresa ya tiene, bajo la responsabilidad de su órgano de administración, atienda también el riesgo para las personas y no solo el riesgo para la empresa[8]. Su contenido se resume en seis pasos que no se agotan en una sola revisión, sino que conforman un ciclo continuo[9]:
En Europa, esta diligencia dejó de ser una opción reputacional. Lo que nació como un estándar de Naciones Unidas sin fuerza vinculante es hoy derecho positivo en Francia, en Alemania y en la Unión Europea, cuya directiva, reformada en 2026, se concentra en las empresas de mayor tamaño[10]. A ello se suman normas que operan directamente sobre el mercado. Desde diciembre de 2027 no podrán comercializarse en la UE productos fabricados con trabajo forzoso, cualquiera que sea su origen[11], y quien importa oro de zonas de alto riesgo debe ya demostrar diligencia sobre su procedencia[12]. Bancos, aseguradoras y clientes corporativos aplican cada vez más el mismo criterio al financiar, asegurar o comprar, de modo que la exigencia alcanza también a la empresa mediana que la directiva no obliga directamente.
Estas obligaciones, en consecuencia, viajan con el inversionista. Al presentar una propuesta en Venezuela, la empresa europea deberá demostrar cómo gestionará los riesgos para los derechos humanos de su operación y de su cadena de suministro, y responderá ante su regulador, sus financistas y los tribunales de su jurisdicción por lo que ocurra en territorio venezolano. Podrá, además, ser objeto de una queja ante el Punto Nacional de Contacto de su país, aunque Venezuela no se haya adherido a las Líneas Directrices de la OCDE[13]. Se presenta aquí algo semejante a lo que ocurre con las sanciones internacionales, que el inversionista cumple al relacionarse con Venezuela aunque el país no las reconozca, porque lo obliga su propio derecho.
3. Venezuela tiene el soporte normativo
Ninguna ley venezolana utiliza la expresión «diligencia debida en materia de derechos humanos», ni consta que el país haya adoptado un plan nacional de acción sobre empresas y derechos humanos. Sería un error, no obstante, concluir de ello que el estándar no rige, pues se infiere de tres fuentes: 1) La primera es la Constitución, que otorga jerarquía constitucional a los tratados de derechos humanos, impone a toda persona el deber de defenderlos, extiende a los particulares obligaciones de solidaridad y responsabilidad social, somete la libertad económica al desarrollo humano, el ambiente y el interés social, exige consulta previa para el aprovechamiento de recursos en hábitats indígenas y entiende incluida en todo contrato sobre recursos naturales, aun sin cláusula expresa, la obligación de restablecer el ambiente alterado[14], precepto que alcanza de lleno a los contratos de la apertura; 2) La segunda son los tratados, entre ellos los dos Pactos internacionales de 1966, la Convención sobre los Derechos del Niño, el Convenio 169 de la OIT y la Convención Americana, que la Corte Interamericana declaró en 2025 vigente para Venezuela pese a su denuncia[15]; y, 3) La tercera son las leyes laborales, ambientales, de seguridad en el trabajo y de pueblos indígenas, entre otras que ya prohíben buena parte de lo que la diligencia debida busca prevenir, junto con leyes especiales que prevén la responsabilidad de las personas jurídicas[16].
De allí que la diligencia debida, aunque no lleve ese nombre, sea también exigible en Venezuela, pues lo que protege ya está consagrado como deber. Para el inversionista europeo tiene una consecuencia de primer orden, pues su obligación no choca con el derecho venezolano. Los Principios Rectores prevén que la empresa pueda enfrentar exigencias contrapuestas entre el estándar internacional y la ley local, y le piden respetar los derechos humanos aun en ese supuesto[17]; en Venezuela, ese conflicto no se plantea en el plano normativo. El desafío se sitúa, por tanto, en dos planos: identificar las normas locales que se aplican a cada operación y lograr su exigibilidad, esto es, que normas durante años desatendidas vuelvan a cumplirse.
4. Cumplir es posible: el mapeo previo
Que el ordenamiento respalde el estándar no significa que cumplirlo sea igual en todos los casos. Cada operación requiere un mapeo previo que cruce la actividad, el territorio y las relaciones comerciales. Solo así la empresa sabe qué debe prevenir, frente a quién y con qué normas.
La actividad determina qué derechos pueden verse afectados. Una empresa de servicios en una ciudad enfrenta sobre todo riesgos laborales, mientras que una operación petrolera o minera compromete, además, la salud de las comunidades vecinas, el agua y el ambiente. El territorio determina quiénes pueden resultar afectados. Si el proyecto está en tierras indígenas, la consulta previa, libre e informada es obligatoria por mandato constitucional. En zonas como el Arco Minero del Orinoco, Naciones Unidas ha documentado la presencia de grupos armados, la trata de personas y el trabajo infantil[18], y los órganos internacionales han recomendado evaluar de forma independiente el impacto de los proyectos extractivos y garantizar la consulta previa[19].
Las relaciones comerciales, por su parte, determinan de qué responde la empresa, y en la apertura hay dos que pesan especialmente. La primera es el socio estatal, muchas inversiones se harán mediante concesiones o empresas mixtas con el Estado, y el Estado no deja de ser garante de los derechos humanos por haber concedido: si no supervisa, responde[20]. Por ello, antes de asociarse, el inversionista debe revisar los antecedentes de su socio estatal, su exposición a sanciones y lo que los órganos internacionales han señalado sobre él[21]. Ninguno de los dos traslada su responsabilidad al otro; ambas se suman.
La segunda relación es la que se establece con proveedores y contratistas locales, a quienes la exigencia les llega por el contrato con la empresa europea, que debe vigilar su cadena, y también por la Constitución venezolana, que prevé la responsabilidad de quien se beneficia del servicio prestado mediante contratistas[22]. Para la empresa venezolana que aspire a ser proveedora, contar con una política de derechos humanos y poder demostrar el origen de lo que vende será la condición para entrar en esa cadena.
El resultado del mapeo es un cuadro que coloca, frente a cada riesgo, la norma venezolana que lo regula y lo que exige la ley del país de origen. Con él, la empresa sabe dónde coinciden ambas, dónde la norma venezolana exige incluso más y dónde la práctica local se ha quedado corta. Sobre esa base aprueba su política de derechos humanos, redacta cláusulas contractuales que permitan corregir y reparar, y no solo terminar el contrato, crea un mecanismo de quejas para trabajadores y comunidades y documenta todo el proceso. Conviene hacerlo antes de firmar y no después del primer conflicto, porque ese expediente será su principal defensa ante su regulador, sus financistas o un tribunal.
5. Conclusión: la apertura como oportunidad para la exigibilidad
La pregunta inicial tiene una respuesta afirmativa: es posible invertir en Venezuela y ajustarse al estándar, siempre que se conozca el terreno y se haga el mapeo antes de firmar. La diligencia debida llega al país por el derecho de origen del inversionista, por la Constitución y por los tratados ratificados por la República, tres vías que se refuerzan entre sí.
Asi las cosas, cuando un inversionista incluye en su propuesta la evaluación de impactos, la consulta con las comunidades o un mecanismo de quejas, cumple su propia ley y, a la vez, devuelve a la práctica derechos que durante años tuvieron escasa aplicación. Las comunidades y los trabajadores encuentran una vía para hacerlos valer, las instituciones un estándar con el cual medir los proyectos y el Estado un incentivo para atender las recomendaciones internacionales pendientes. Sacar la economía del subterráneo implica, precisamente, someter la actividad empresarial a la legalidad que la economía sumergida eludió por definición. Aplicar el estándar es exigir que esa actividad se ajuste a lo que la Constitución ya dispone y constituye, por tanto, otra manera de retomar el hilo constitucional[23]. La reconstrucción institucional no ocurre únicamente en los tribunales; ocurre también en cada contrato que vuelve a someterse a la ley y a los estándares internacionales.
En ese orden de ideas, Venezuela puede recibir el estándar de dos maneras. Puede padecerlo como una imposición de terceros, que llega contrato por contrato y al ritmo que marquen las leyes extranjeras, o asumirlo ex ante como parte de lo que ofrece a la inversión. En el primer caso, el país se limitaría a tolerar un control ejercido desde fuera; en el segundo, devolvería a sus propias instituciones la tarea de hacer cumplir normas que ya le pertenecen. Lo mismo vale para los actores privados, pues el inversionista europeo que conozca el marco venezolano y la empresa local que llegue a la mesa con una política de derechos humanos y un expediente ordenado estarán mejor situados que quienes esperen a que la exigencia les sea impuesta. Pareciera, entonces, que lo que está en juego excede de lo meramente económico. Si la apertura contribuye a que la Constitución vuelva a regir la actividad empresarial, permitirá que derechos relegados durante años al papel retomen su exigibilidad.
[1] Abogada y profesora universitaria venezolana. Directora de LEXHUMANIS, consultoría internacional en conformidad normativa y gobernanza.
[2] La reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos se aprobó el 29 de enero de 2026 (BBC Mundo, reproducido en El Observador, https://observador.cr/que-cambia-en-venezuela-con-la-nueva-ley-de-hidrocarburos-y-por-que-es-una-ruptura-radical-con-50-anos-de-modelo-petrolero/) y la de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, el 10 de noviembre de 2026 (EFE, reproducido en Infobae, https://www.infobae.com/america/agencias/2026/11/10/venezuela-reforma-la-ley-electrica-para-atraer-inversiones-en-medio-de-apertura-petrolera/).
[3] Transparencia Venezuela documentó que las empresas propiedad del Estado pasaron de 74 a 526 entre 2001 y 2017, con opacidad, controles débiles y falta de rendición de cuentas en su gestión (Transparencia Internacional, comunicado de 28 de septiembre de 2017, https://www.transparency.org/en/press/aumentan-las-empresas-de-propiedad-estatal-sin-adecuados-mecanismos-de-tran).
[4] Portugal anunció la reapertura de su agencia AICEP el 3 de noviembre de 2026 (EFE, reproducido en Infobae, https://www.infobae.com/america/agencias/2026/11/03/portugal-anuncia-la-reapertura-en-caracas-de-su-agencia-promotora-de-inversion-extranjera/); Repsol manifestó en enero de 2026 su disposición a «invertir con fuerza» (El Nacional, https://www.elnacional.com/2026/01/espana-no-presionara-a-repsol-para-invertir-en-venezuela/); siete empresas francesas visitaron el país en octubre de 2026 (El Nacional, https://www.elnacional.com/2026/10/empresas-de-francia-exploran-oportunidades-de-inversion-y-cooperacion-comercial/), y en Alemania la Cámara Venezolano-Alemana (AHK) presentó oportunidades de inversión ante la DIHK en Berlín en junio de 2026 (Banca y Negocios, https://www.bancaynegocios.com/fedecamaras-presenta-a-empresarios-en-alemania-oportunidades-de-inversion-en-venezuela/), al igual que Fedecámaras en Hamburgo en noviembre de 2026 (Noticiero Digital, https://noticierodigital.com/2026/11/fedecamaras-anuncio-proxima-llegada-de-empresas-alemanas-a-venezuela/).
[5] Naciones Unidas, Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos (A/HRC/17/31), hechos suyos por el Consejo de Derechos Humanos en su resolución 17/4, de 16 de junio de 2011, principios 11, 15 y 17 a 21 (https://digitallibrary.un.org/record/705860/files/A_HRC_17_31-ES.pdf). Se emplea la expresión «diligencia debida», que es la de la Directiva (UE) 2024/1760.
[6] Decreto n.º 1.399, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas (G.O. n.º 6.154 ext., de 19 de noviembre de 2014), artículos 6.24 y 29 a 34, que fijan el compromiso de responsabilidad social en el 3 % del monto del contrato; Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (G.O. n.º 6.693 ext., de 1 de abril de 2022); Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física, artículo 68, y Ley Orgánica de Drogas (G.O. n.º 39.510, de 15 de septiembre de 2010), artículo 32. Véase Acceso a la Justicia (https://accesoalajusticia.org/mientras-se-anuncian-impuestos-para-los-grandes-pagan-los-pequenos/).
[7] Principios Rectores, comentario al principio 11.
[8] Principios Rectores, principios 16 y 19, y comentario al principio 17.
[9] OCDE, Guía de la OCDE de Debida Diligencia para una Conducta Empresarial Responsable, París, 2018 (https://mneguidelines.oecd.org/Guia-de-la-OCDE-de-debida-diligencia-para-una-conducta-empresarial-responsable.pdf). La figura 1 es de elaboración propia a partir de esta guía.
[10] Francia, Ley n.º 2017-399, de 27 de marzo de 2017; Alemania, Ley sobre la diligencia debida empresarial en las cadenas de suministro (LkSG), de 16 de julio de 2021, aplicable desde 2023; Unión Europea, Directiva (UE) 2024/1760, modificada por la Directiva (UE) 2026/470 (Omnibus I), que limita su ámbito a las empresas con más de 5.000 trabajadores y 1.500 millones de euros de volumen de negocios, aplicable desde el 26 de julio de 2029 (CMS, https://cms.law/en/lux/legal-updates/final-adoption-of-omnibus-i-directive-simplifying-csrd-and-csddd).
[11] Reglamento (UE) 2024/3015, de 27 de noviembre de 2024, aplicable a partir del 14 de diciembre de 2027.
[12] Reglamento (UE) 2017/821, aplicable desde el 1 de enero de 2021.
[13] Según OECD Watch, 52 países se han adherido a las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales; Venezuela no figura entre ellos (https://www.oecdwatch.org/wp-content/uploads/sites/8/2025/12/oecd-handbook-esp-digital.pdf).
[14] Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículos 23, 132, 135, 112, 120 y 129, respectivamente.
[15] Venezuela ratificó los dos Pactos el 10 de mayo de 1978 y la Convención sobre los Derechos del Niño el 13 de septiembre de 1990; la ratificación del Convenio 169 se registró el 22 de mayo de 2002. Sobre la Convención Americana, Corte IDH, Caso Chirinos Salamanca y otros vs. Venezuela, sentencia de 21 de agosto de 2025 (https://corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_61_2025.pdf).
[16] Entre otras, la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (2012), la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (2005), la Ley Orgánica del Ambiente (2006) y la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (2005). Prevén la responsabilidad penal de las personas jurídicas la Ley Penal del Ambiente (2012) y la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (2012).
[17] Principios Rectores, comentario al principio 11 y principio 23.
[18] Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, A/HRC/51/43, 2022, cap. III, sobre el Arco Minero del Orinoco (https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g22/592/08/pdf/g2259208.pdf). El trabajo infantil en la zona fue documentado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su informe de 15 de julio de 2020 (Crónica Uno, https://cronica.uno/arco-minero-del-orinoco-se-convirtio-en-zona-de-explotacion-laboral/).
[19] Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, CERD/C/VEN/CO/22-24, 2024; Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, actualización oral de marzo de 2025 (https://www.ohchr.org/es/statements-and-speeches/2025/03/oral-update-human-rights-situation-venezuela), y CIDH y REDESCA, 2026 (Provea, https://provea.org/actualidad/cidh-y-redesca-alertan-sobre-mineria-ilegal-de-oro-en-el-sur-de-venezuela/).
[20] Corte IDH, Caso Empleados de la Fábrica de Fuegos de Santo Antônio de Jesus vs. Brasil, sentencia de 15 de julio de 2020, y Caso de los Buzos Miskitos (Lemoth Morris y otros) vs. Honduras, sentencia de 31 de agosto de 2021 (https://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_72_2021.pdf).
[21] Principios Rectores, principio 4.
[22] Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 94, que remite a la ley la responsabilidad de la persona en cuyo provecho se presta el servicio mediante intermediario o contratista, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de estos.
[23] Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 333.
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