El Ministerio del Interior ha publicado recientemente una nueva instrucción que introduce cambios y aclaraciones clave en el procedimiento de solicitud de protección internacional en España.
Como bien sabemos, el derecho de asilo está garantizado por la Constitución y la Ley 12/2009, pero la implementación de estas normativas ha generado dudas y diferencias en la práctica. En este artículo, analizaremos los principales aspectos de esta nueva instrucción y cómo afecta a los solicitantes de protección internacional.
1. Acceso al procedimiento: ¿Eliminación de barreras administrativas?
Uno de los cambios más relevantes introducidos por la nueva instrucción es la garantía de un acceso más ágil y equitativo al procedimiento de asilo, eliminando ciertas barreras administrativas que dificultaban la solicitud.
En este sentido, ahora es posible solicitar asilo en cualquier punto autorizado, sin que sea requisito obligatorio estar empadronado en una determinada localidad. Este cambio es especialmente significativo, ya que anteriormente algunas oficinas y comisarías exigían prueba de residencia a través del certificado de empadronamiento lo que representaba un obstáculo para muchas personas que se encontraran recién llegando al país y no contaban con un lugar de residencia fija.
Asimismo, ya no es imprescindible presentar un pasaporte u otros documentos de identidad para formalizar la solicitud. En su lugar, se aceptará que tú como solicitante puedas, incluso, suministrar de manera verbal tus datos en caso de no contar con la documentación que te identifique. Esto supone una mejora para quienes han tenido que huir de su país de origen sin la posibilidad de recuperar sus documentos, garantizando que ninguna persona quede excluida del proceso por falta de documento de identidad.
Otro aspecto clave de la nueva normativa es que se prohíben las valoraciones previas que puedan derivar en rechazos arbitrarios. En la práctica, esto significa que ninguna solicitud podrá ser desestimada en el primer contacto con la Administración por considerarse que su motivación para solicitar asilo no es suficientemente justificada, la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) es únicamente la encargada de evaluar cada caso y decidir sobre su admisión o denegación, asegurando que todas las solicitudes sean debidamente tramitadas.
Estos cambios buscan reducir las dificultades que muchos solicitantes enfrentaban anteriormente, cuando el acceso al procedimiento estaba condicionado por la disponibilidad de citas, la exigencia de documentos no requeridos por la ley o la discrecionalidad de los funcionarios a la hora de aceptar las solicitudes. Con esta nueva instrucción, se pretende garantizar que cualquier persona que necesite protección internacional pueda acceder al proceso de manera efectiva y sin obstáculos injustificados.
2. Formalización de la solicitud y entrevista.
El procedimiento de asilo debe realizarse en condiciones que garanticen la confidencialidad y el respeto a los derechos fundamentales del solicitante, y la nueva instrucción refuerza este principio estableciendo una serie de medidas para asegurar que el proceso sea seguro, justo y homogéneo en todo el territorio español.
En primer lugar, la formalización de la solicitud debe llevarse a cabo en un entorno que garantice la privacidad y confidencialidad. Esto implica que las entrevistas no deben realizarse en espacios abiertos o compartidos, sino en lugares adecuados donde la persona solicitante pueda expresar libremente su situación sin temor a represalias o presiones externas.
Además, se refuerza el derecho a contar con un intérprete que hable un idioma que el solicitante comprenda, esto es fundamental para que la persona pueda relatar su experiencia con precisión y sin malentendidos, asegurando que toda la información relevante quede debidamente registrada en su expediente.
Otro aspecto clave de la nueva normativa es la garantía de asistencia jurídica gratuita para quienes la requieran, todo solicitante podrá recibir apoyo legal mediante un abogado de oficio o mediante entidades especializadas en derechos humanos y migración. Esto es especialmente relevante para quienes desconocen cómo formalizar su solicitud de protección internacional y requieren orientación para hacerlo de manera correcta.
Asimismo, la instrucción establece medidas especiales de protección para personas en situación de vulnerabilidad, en estos casos, las autoridades deberán adoptar protocolos específicos que prioricen su seguridad y bienestar, asegurando que reciban el apoyo necesario durante todo el procedimiento.
De esta manera, se busca garantizar el acceso igualitario a la solicitud de protección internacional en todo el territorio español, reforzando los principios de dignidad, justicia y derechos humanos a lo largo del proceso.
3. Documentación y derechos durante la tramitación
Una vez se haya iniciado el proceso, recibirás un documento que acredite tu situación y te permitirá permanecer legalmente en España mientras se resuelve tu caso, la nueva instrucción refuerza este aspecto con medidas que buscan brindar mayor seguridad jurídica y evitar complicaciones administrativas.
Se recalca la entrega de un documento provisional, conocido como “Hoja Blanca”, que certifica la solicitud de protección internacional y te resguarda contra una posible expulsión. Este documento es fundamental, ya que permite a los solicitantes estar de forma legal en España mientras se estudia su caso, y tras un período determinado podrás solicitar la “Tarjeta Roja”, un documento renovable que otorga derechos adicionales, como la autorización para trabajar.
De igual forma, la nueva normativa facilita la corrección de errores administrativos, si un solicitante se percata de inconsistencias en su información personal dentro de la solicitud (como nombre, fecha de nacimiento o nacionalidad), podrá modificar sus datos sin inconveniente alguno, y de este modo se busca evitar situaciones en las que errores en la inscripción puedan derivar en complicaciones legales o retrasos en el procedimiento.
Y, por último, se aclara un punto que en el pasado generó dudas, y es en el caso de que el asilo sea concedido, el solicitante podrá conservar su pasaporte del país de origen, esto pone fin a la incertidumbre de muchas personas que temían perder su documentación nacional tras recibir la protección internacional en España.
4. Plazos y resolución de solicitudes
Según la ley, el plazo máximo de resolución de una solicitud de asilo es de seis meses, aunque en la práctica este período suele alargarse considerablemente, es por ello que la nueva instrucción hace énfasis en la importancia de agilizar el proceso y mejorar la comunicación con los solicitantes por lo que:
- Recomienda una mayor coordinación entre la Policía Nacional y la Oficina de Asilo y Refugio para reducir demoras en la tramitación.
- Establece un protocolo para la notificación de resoluciones, asegurando que los solicitantes reciban información clara sobre el estado de su solicitud.
- Refuerza el principio de no devolución, garantizando que ninguna persona sea expulsada sin una resolución firme sobre su caso.
Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto y considerando que la implementación de la nueva instrucción busca mejorar el sistema de solicitud de asilo en España, se establece la creación de un grupo de trabajo compuesto por representantes de la Dirección General de Protección Internacional, la Secretaría de Estado de Seguridad y la Policía Nacional, para reunirse periódicamente, con el fin de analizar la correcta aplicación de la normativa y proponer mejoras al procedimiento.
Como parte de las medidas para mejorar la transparencia y accesibilidad del procedimiento de asilo, la nueva Instrucción contempla la creación de una «Guía Práctica sobre los procedimientos de protección internacional, protección temporal y apatridia». Este documento servirá como referencia tanto para los solicitantes como para los funcionarios encargados de tramitar las solicitudes, ofreciendo información clara y detallada sobre cada etapa del proceso, así como, explicaciones sobre los derechos y obligaciones de los solicitantes, los criterios de admisión, los plazos de resolución y los mecanismos de apelación en caso de denegación.
En conclusión, la nueva Instrucción del Ministerio del Interior introduce avances significativos en el procedimiento de asilo en España, eliminando barreras administrativas y reforzando la protección de los solicitantes. No obstante, su aplicación efectiva dependerá de la correcta implementación por parte de las autoridades y del seguimiento de su cumplimiento en todo el territorio español, es fundamental que los solicitantes conozcan sus derechos y que las organizaciones de apoyo vigilen que estas medidas se apliquen de manera justa y equitativa.
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