Ramón Alfredo Aguilar Camero
Abogado acreditado en Venezuela y Colombia, con estudios de cuarto nivel en diferentes áreas del Derecho.
Socio fundador en Venezuela del escritorio jurídico Aguilar, Machado, Sosa & Asociados (1991-actual) y Socio internacional de la firma AMS Abogados con sede en Madrid, España. Más de 30 años de experiencia en litigios, negociación y arbitrajes. Derecho civil, mercantil, laboral y contencioso administrativo. Arbitro y mediador del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje CEDCA. Caracas-Venezuela
Profesor de pregrado y postgrado en la Universidad Central de Venezuela (UCV) en las cátedras Derecho Civil I y Derecho Procesal Civil I (pregrado) y Teoría General del Proceso en la Especialidad de Derecho Procesal (postgrado). Autor de varias publicaciones jurídicas.
Formación Académica
Publicaciones
“El trabajo a través de plataformas digitales. ¿Autónomos o subordinados? Una visión de Derecho Comparado” (2022); “Cuestionamientos sobre la protección jurisdiccional de los funcionarios de carrera amparados por regímenes de inamovilidad laboral” (2021); “Estabilidad e inamovilidad laboral. Un esfuerzo de distinción” (2015);“Constitución, Potestades Administrativas y Derechos Fundamentales en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT)” (2014); “El carácter jurídico laboral de la función pública. La Necesidad de reconocimiento de garantías constitucionales de tipo laboral en favor de los funcionarios públicos” (2014); “La Filiación Paterna. Consideraciones sobre el nuevo régimen legal y su fundamento constitucional” (2013); “Estudios sobre la proponibilidad de la cuestión de falta de cualidad” (2013); “Consideraciones sobre la caducidad de cobro de prestaciones sociales y otros derechos patrimoniales de los funcionarios públicos”(2012); “La Prueba en el Contencioso Funcionarial”(2012); “La Conciliación en el Proceso Contencioso Administrativo” (2011); y “La usucapión y adjudicación de la propiedad de terrenos públicos urbanos, en el marco de la Constitución de 1999 y el Decreto-Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat de 2008”(2009)