La reforma eléctrica venezolana de 2026: una oportunidad de inversión

Una lectura del nuevo instrumento legal desde la seguridad jurídica, la gobernanza pública y el gobierno corporativo

Carmen Eloisa Alguindigue Morles[1]

Sistema electrico venezuela

La Constitución venezolana consagra un modelo de economía mixta, en el que el Estado y la iniciativa privada concurren al desarrollo nacional.[2] Durante casi dos décadas, sin embargo, la balanza se inclinó hacia el monopolio estatal, y el sector eléctrico es uno de los casos más claros. La reorganización de 2007 concentró las empresas eléctricas en la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), y la ley de 2010 reservó al Estado el control de las empresas mixtas.[3] Las consecuencias son conocidas, de una capacidad nominal estimada entre 34.000 y 36.000 megavatios, más del 63% está fuera de servicio, y la generación efectiva, de 12.000 a 12.500 megavatios, no alcanza para una demanda que rozó los 15.500 megavatios en mayo de 2026.[4]

Desde enero de 2026 Venezuela ha emprendido una apertura económica que comenzó por los recursos naturales, con la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos y la nueva Ley Orgánica de Minas.[5] La reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, sancionada por unanimidad el 10 de noviembre, extiende esa apertura a la electricidad.[6] Reconoce un mercado eléctrico, permite la inversión privada, nacional y extranjera, en la generación y la comercialización, y crea un regulador propio para el sector.

Su impacto no dependerá solo de la letra de la ley, dependerá del ecosistema normativo en que se inserta, hecho de reglamentos y de leyes especiales y colaterales, muchas de ellas con tipos penales; de la reinstitucionalización del sector, con instituciones capaces de aplicarla, y de una reingeniería social de sus actores, incluida la calidad de quienes inviertan. Por eso conviene leerla desde la seguridad jurídica, la gobernanza pública y el gobierno corporativo.

El punto de partida

Los cortes de electricidad forman parte de la vida diaria de los venezolanos, afectan a los hogares, a los servicios de salud y al comercio, y se han convertido en el principal motivo de protesta social. De las 1.101 protestas que el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social documentó en septiembre de 2026, 531 reclamaban un servicio eléctrico estable.[7]

Para el aparato productivo, las fallas eléctricas son una de las principales restricciones, junto a otras que las empresas conocen bien. En el tercer trimestre de 2026 encabezaron los factores que limitan la producción industrial, según el 71 % de los industriales consultados por Conindustria.[8] Cada empresa sufrió en promedio 67 interrupciones no programadas en tres meses y perdió 231 de sus 520 horas laborables, muchas producen ya su propia electricidad, pero a un costo promedio de 34.230 dólares mensuales, sobre todo en combustible y mantenimiento de plantas, que termina repercutiendo en sus precios. La reforma les ofrece, a ellas y a nuevos inversionistas, un marco para generar con reglas claras.

Una oportunidad para la inversión internacional

Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, algo más de 303.000 millones de barriles,[9] y la nueva legislación de hidrocarburos y de minas abre su explotación al capital privado, nacional y extranjero. Esas actividades, como la recuperación de la economía en su conjunto, requieren electricidad suficiente y estable. Sin energía, la apertura en curso no podrá sostenerse.

La reforma abre tres frentes para la inversión. El primero es el servicio público, cuya recuperación es urgente y exige generación para cerrar el déficit, concesiones para grandes plantas, nuevas obras de transmisión y asociaciones con la Corporación Eléctrica Nacional para rehabilitar y operar sus activos.[10] El segundo es la autogeneración, que puede ser el cambio de mayor alcance práctico. Industrias y comercios podrán producir su propia energía, instalar almacenamiento, contratar directamente con generadores como usuarios especiales y vender sus excedentes a la red, con un simple registro para las instalaciones pequeñas.[11] El tercero es el suministro a las explotaciones de hidrocarburos. La ley obliga a sus operadores a garantizar su propio abastecimiento eléctrico, mediante autogeneración, cogeneración o contratación con terceros, y permite constituir sociedades de generación independiente dedicadas a atenderlos.[12] Para las empresas eléctricas extranjeras, este último es probablemente el frente más inmediato.

La ley no privilegia ninguna tecnología. Distingue entre fuentes convencionales, que son los hidrocarburos y la hidroelectricidad, y fuentes alternativas; da prioridad a las renovables en los sistemas aislados y deja en manos del regulador la generación distribuida renovable, la cogeneración y las microrredes.[13] Esa neutralidad abre espacio a la experiencia europea. Francia obtiene más de dos tercios de su electricidad de la energía nuclear.[14] España, segundo país europeo en generación renovable después de Alemania, tiene más de dos tercios de su potencia instalada en fuentes renovables y cerca de nueve gigavatios de autoconsumo.[15] Las empresas francesas y españolas de ingeniería, equipos, operación y financiación de proyectos tienen en Venezuela un mercado por construir.

Lo que destaca de una primera revisión

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) deja de ser la única puerta de entrada al sector, podrán operar a su lado empresas mixtas, en las que basta con que el Estado tenga más de la mitad del capital, y empresas privadas, mediante títulos habilitantes proporcionales al tamaño de cada proyecto. Entre agentes habilitados y grandes usuarios, los precios se pactan libremente en contratos bilaterales y el acceso a las redes se paga con un peaje regulado.[16]

La ley incorpora además garantías poco frecuentes en la legislación venezolana reciente. El título que habilita a cada operador, sea una concesión o una licencia, podrá prever que las controversias derivadas de la actividad se resuelvan por mediación o arbitraje, y no solo ante los tribunales venezolanos; si la cláusula se ajusta a los lineamientos que el ministerio fije con la Procuraduría General de la República, no hará falta la autorización de esta en cada caso. La intervención de una concesión solo procede de forma motivada y temporal, nunca preventiva, y sin alterar los contratos financieros de buena fe. La energía que el Estado tome en una emergencia debe pagarse en treinta días, la tarifa debe permitir una rentabilidad razonable y el subsidio no puede recortar el flujo del operador, que podrá respaldarse con un fideicomiso de garantía.[17]

En materia de transparencia, la factura mostrará por separado el costo real del servicio, el subsidio del Estado y lo que paga el usuario. Los subsidios serán focalizados, explícitos y presupuestados, la contabilidad se separará por actividad y todos los órganos del Poder Público deberán pagar la electricidad que consumen.[18]

Hay, por último, una opción de política criminal que conviene destacar. La reforma conserva tipos penales, pero los dirige contra quienes atacan el sistema, como el sabotaje de instalaciones, el hurto de energía y de equipos o la alteración fraudulenta de medidores y facturas. Los incumplimientos de las empresas operadoras en su gestión regulatoria se sancionan, en cambio, con multas administrativas proporcionales a sus ingresos.[19] En un país cuya técnica legislativa ha tendido a penalizar la actividad empresarial, que esta ley no haga del derecho penal el eje del control de la gestión es una señal que el inversionista sabrá valorar.

Seguridad jurídica: una ley dentro de un ecosistema normativo

La propia reforma reconoce que no es autosuficiente, su desarrollo queda en manos de un reglamento y de normas técnicas del regulador, como el Código de Red, y remite a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, a la legislación de expropiación, al Código Civil, a la ley de coordinación tributaria, a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a la Ley de Arbitraje Comercial y al Código Penal.[20] La certeza que ofrece depende de la coherencia de todo ese entramado.

Que el derecho penal no sea el eje del control de la gestión no deja a las empresas del sector fuera de su alcance, porque los tipos penales de leyes especiales y colaterales también las alcanzan. La Ley Penal del Ambiente establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la de sus administradores por su participación culpable, un riesgo presente en represas, líneas de transmisión, plantas térmicas o servidumbres que atraviesan zonas protegidas.[21] La Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo se aplica a personas jurídicas públicas y privadas, lo que obliga a conocer el origen de los capitales que llegarán con la apertura.[22] La Ley Especial contra los Delitos Informáticos castiga el sabotaje o daño de sistemas que utilizan tecnologías de información, agrava la pena cuando el sistema está destinado a funciones públicas, sanciona el fraude cometido mediante su manipulación y hace responder a gerentes y administradores que actúen en nombre de una persona jurídica. La digitalización que la reforma impulsa, con catastro digital de redes, medición remota y facturación electrónica, amplía ese ámbito de exposición.[23]

Quedan, además, piezas que el reglamento puede completar, como los criterios para calificar como estratégica un área de distribución reservada al Estado o la fórmula de compensación cuando un título termina antes de tiempo por razones de interés público.[24] Definirlas antes de otorgar las primeras concesiones daría al inversionista una señal clara de estabilidad.

Gobernanza pública: reglas claras para adjudicar

La Superintendencia del Sistema Eléctrico Nacional nace con autonomía técnica, administrativa, presupuestaria, financiera y de gestión, y con competencias de peso: calcular la tarifa técnica, otorgar licencias, dictar el Código de Red y sancionar. El Centro Nacional de Gestión del Sistema Eléctrico asume el despacho con el mandato de actuar con criterios técnicos y sin actividad empresarial.[25] Como sus titulares son de libre nombramiento y ambos órganos se vinculan al ministerio que tutela a la empresa estatal, la confianza tendrá que ganarse en la práctica, con perfiles técnicos, decisiones motivadas y publicadas y un despacho cuyo orden de mérito pueda verificarse.

Igual importancia tienen los procedimientos para adjudicar los derechos. Las concesiones las otorga el ministerio, previo informe técnico vinculante del regulador tramitado en una ventanilla única, y las licencias y registros, el propio regulador. Algunas reglas son imperativas: la interconexión de los generadores que atienden la industria petrolera debe resolverse de forma motivada en noventa días, y ningún título puede cederse sin autorización. Otras quedan a criterio de la Administración. Cuando la energía se destine a la demanda regulada, el ministerio podrá convocar procesos públicos de selección, pero la ley no lo obliga a hacerlo.[26] Que esa facultad se ejerza como regla general, con criterios conocidos de antemano y decisiones motivadas, será la prueba más visible de la seriedad de la apertura.

El calendario es exigente. El reglamento y la adaptación del despacho tienen un plazo de ciento ochenta días, y el Plan de Desarrollo del Sistema Eléctrico y el fondo de subsidios, de un año.[27]

Gobierno corporativo: el cumplimiento como ventaja competitiva

La reforma exige a los operadores privados y mixtos los mismos deberes que a la empresa del Estado: contabilidad regulatoria separada, costos auditados, registro de contratos, auditorías y entrega de información. Las infracciones graves pueden costar hasta el dos por ciento de los ingresos brutos anuales, y la responsabilidad alcanza a los miembros del directorio o junta directiva.[28] La gestión del riesgo regulatorio sube así al órgano de administración.

El cumplimiento no se limitará a la ley eléctrica. Un programa integral deberá abarcar también el riesgo ambiental, el de legitimación de capitales, el informático y el anticorrupción, con debida diligencia sobre socios e intermediarios y controles sobre la medición y la facturación. La propia ley valora ese esfuerzo, pues considera atenuante la colaboración en el esclarecimiento de los hechos.[29] Para la Corporación Eléctrica Nacional, que podrá asociarse con privados sobre sus activos, el buen gobierno será además la condición para atraer socios solventes.

Del mapa de oportunidades al mapa de riesgos

Para las empresas que miran a Venezuela como destino de inversión, o que ya operan en el país y han sostenido su producción con generación propia, la reforma cambia el mapa. Donde había un monopolio aparecen títulos habilitantes, contratos bilaterales y un regulador. Un mapa de oportunidades más amplio no reduce, sin embargo, la necesidad de un mapa de riesgos riguroso.

Para una empresa europea, invertir en Venezuela exige algo más que una buena lectura de la ley eléctrica. Supone mirar el proyecto con los ojos de sus propios reguladores, de sus bancos y de sus accionistas, que le pedirán cuentas sobre el origen de los fondos, la solvencia de sus socios, el cumplimiento de los regímenes de sanciones y el respeto de los estándares ambientales y de derechos humanos que ya rigen en Europa. A ello se suman los riesgos propios del país, de orden regulatorio, cambiario, penal y reputacional. Ninguno de ellos impide invertir. Lo que hacen es separar a quien llega con un mapa de riesgos bien trazado, y con las medidas para mitigarlos previstas desde el diseño contractual y societario, de quien llega solo con el entusiasmo de la apertura.

Un ejemplo muestra cómo se encadenan las tres perspectivas, un generador privado declara sus costos auditados, como exige su gobierno corporativo; el regulador los convierte en tarifa y el Estado decide cuánto subsidiar, en ejercicio de la gobernanza pública; y la ley garantiza que el subsidio no recortará el flujo del generador, que es una cuestión de seguridad jurídica. Cuando esa cadena se sostiene, el inversionista puede planificar a largo plazo, y la apertura del sector eléctrico venezolano está en condiciones de convertirse en una de las grandes oportunidades de inversión de la región en los próximos años.

[1] Consultora externa AMS. Profesora e investigadora universitaria. Especialista en Gerencia de Auditoría de Estado, Ciencias Penales y Criminológicas y Derecho Digital. LEXHUMANIS France.

[2]Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Gaceta Oficial N.º 36.860 del 30 de diciembre de 1999, artículos 112 y 299.

[3]Decreto N.º 5.330, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Reorganización del Sector Eléctrico, Gaceta Oficial N.º 38.736 del 31 de julio de 2007, que dio origen a la Corporación Eléctrica Nacional; y Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, Gaceta Oficial N.º 39.573 del 14 de diciembre de 2010, que exigía al Estado una participación no menor del sesenta por ciento del capital de las empresas mixtas.

[4]Datos de la organización Espacio Público, recogidos por El Diario, «Espacio Público alertó sobre crisis estructural del Sistema Eléctrico Nacional previo al doble terremoto», 13 de agosto de 2026 (https://eldiario.com/2026/08/13/crisis-sistema-electrico-nacional/).

[5]Ley de Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Gaceta Oficial N.º 6.978 Extraordinario del 29 de enero de 2026, y su Reglamento, dictado por Decreto N.º 5.381, Gaceta Oficial N.º 7.052 Extraordinario del 7 de julio de 2026; Ley Orgánica de Minas, Gaceta Oficial N.º 7.020 Extraordinario del 16 de abril de 2026.

[6]Examen preliminar realizado sobre el Informe del Proyecto de Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico (segunda discusión), Asamblea Nacional, noviembre de 2026, documento base de este análisis. La ley fue sancionada el 10 de noviembre de 2026 (Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, https://mippci.gob.ve/aprobada-reforma-ley-del-sistema-servicio-electrico/) y remitida al Ejecutivo Nacional para su promulgación (El Sol de Margarita, 12 de noviembre de 2026); a la fecha de redacción no ha sido publicada en Gaceta Oficial, por lo que el texto definitivo podría presentar ajustes. Los artículos citados siguen la numeración del informe, cuya disposición final ordena reimprimir la ley en texto único y corregir la numeración.

[7]Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, informe de septiembre de 2026 (https://www.observatoriodeconflictos.org.ve/oc/wp-content/uploads/2026/10/INFORMEOVCS-SEPTIEMBRE2026.pdf), reseñado por Runrun.es el 21 de octubre de 2026. Sobre el efecto de los cortes en el comercio, la salud y la vida cotidiana, El Nacional, «Crisis eléctrica en Venezuela exige soluciones estructurales ante un déficit de más de 3.600 megavatios», octubre de 2026 (https://www.elnacional.com/2026/10/crisis-electrica-en-venezuela-exige-soluciones-estructurales-ante-un-deficit-de-mas-de-3-600-megavatios/).

[8]Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), Encuesta de Coyuntura Industrial del tercer trimestre de 2026, presentada el 12 de noviembre de 2026, según El Pitazo (https://elpitazo.net/economia/fallas-electricas-se-convierten-en-el-primer-obstaculo-para-la-industria-costos-se-elevan-a-34-000-dolares-mensuales/) y Bitácora Económica (https://bitacoraeconomica.com/industria-gasto-mas-34-000-dolares-mensuales-por-fallas-electricas-entre-julio-y-septiembre/). Esta última desglosa el costo en combustible (43 %), mantenimiento de generadores (23 %), mermas de producción (16 %), turnos especiales (12 %) y químicos de asepsia (4 %). Su traslado a los precios lo reseña Tal Cual, 12 de noviembre de 2026 (https://talcualdigital.com/noticias/empresas-privadas-perdieron-231-horas-laborables-por-cortes-de-luz-reporta-conindustria/).

[9]Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Annual Statistical Bulletin 2025, con datos al cierre de 2024, presentado el 2 de julio de 2025 (https://www.opec.org/pr-detail/1484568-2-july-2025.html); la cifra correspondiente a Venezuela la recoge CBS News (https://www.cbsnews.com/news/chevron-venezuela-7-billion-oil-investment/).

[10]Artículos 23, 26, 27, 44 y 53 del informe.

[11]Artículos 27, último párrafo, 46, 47, 50 y 51 del informe.

[12]Artículos 77 a 81 del informe.

[13]Artículos 10, numeral 15, 45 y 51 del informe.

[14]RTE, Bilan électrique 2025 (febrero de 2026): la producción nuclear alcanzó 373 TWh, el 68,1 % del total, según Connaissance des Énergies (https://www.connaissancedesenergies.org/la-production-electrique-bas-carbone-de-la-france-atteint-un-maximum-historique-en-2025).

[15]Red Eléctrica, Informe del Sistema Eléctrico 2025, presentado el 11 de marzo de 2026: el 67,1 % de la potencia instalada es renovable, según Energías Renovables (https://www.energias-renovables.com/panorama/la-energ-a-solar-adelanta-a-la-20260311), medio que recoge también la cifra de autoconsumo dada por la presidenta de Redeia en la presentación; la posición de España en Europa la reseña Forbes España, con datos del mismo informe.

[16]Artículos 20, 26, 27, 49, 53 y 61 del informe.

[17]Artículos 29, 30, 48, 63, numeral 5, 73 y 76 del informe.

[18]Artículos 59, 65, 69, 73, 74 y 75 del informe.

[19]Artículos 102 y 103 (sanciones administrativas a las empresas operadoras, de hasta el dos y el cero coma dos por ciento de sus ingresos brutos) y 111 a 118 (delitos) del informe. Entre estos últimos, la revelación de información concerniente a la seguridad del sistema (artículo 112) es el tipo que más cuidado exigirá en su interpretación, por no definir qué información tiene carácter reservado.

[20]Artículos 17, numeral 4, 29, 46, 47, 64, 82, 98 y 119, y disposición transitoria quinta del informe.

[21]Ley Penal del Ambiente, Gaceta Oficial N.º 39.913 del 2 de mayo de 2012, artículo 4.

[22]Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, Gaceta Oficial N.º 39.912 del 30 de abril de 2012, artículo 2.

[23]Ley Especial contra los Delitos Informáticos, Gaceta Oficial N.º 37.313 del 30 de octubre de 2001, artículos 5, 7, 9 y 14, en relación con los artículos 56 y 66 del informe.

[24]Artículos 6, numeral 3, 28, numeral 5, y 31 del informe.

[25]Artículos 15 a 18 y 54 del informe.

[26]Artículos 13, numeral 13, 17, numeral 3, 26, 27, 44 y 80 del informe.

[27]Disposiciones transitorias tercera a sexta del informe.

[28]Artículos 21, 22, 65, 101 y 102 del informe.

[29]Artículo 100, numeral 4, del informe.

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