La progresividad social propia del Derecho Laboral ha involucrado cambios en el Derecho Funcionarial, sustentado en un expreso reconocimiento constitucional y legal, situación que ha derivado hacia la conformación de un proceso de laboralización de la función pública, por medio del cual se reconocen derechos e instituciones de carácter laboral en beneficio de los funcionarios -indistintamente del carácter estatutario de la relación de empleo público-. En Venezuela, con la promulgación del Estatuto de la Función Pública en 2002 se reguló un procedimiento especial para la tramitación y solución judicial de los asuntos contenciosos derivados de las relaciones de empleo público, a través de un trámite que permite la interposición de pretensiones de anulación de actos que afecten los derechos de los funcionarios y de pretensiones para el pago (condena) de deudas o indemnizaciones dinerarias, que son resueltas a través del mismo procedimiento. Sin embargo, a pesar de que se amplió el ámbito de las pretensiones a ser conocidas por los tribunales con competencia “funcionarial”, el referido procedimiento mantiene términos y conceptos propios de las demandas de anulación u objetivas (en las que se ataca la validez de los actos administrativos), en abandono de las necesidades propias de un proceso contradictorio en el que la administración empleadora o patrona funge como parte demandada. 

En este contexto, la presente obra desarrolla un marco comparativo entre el tratamiento procesal de las acciones judiciales propuestas por los funcionarios públicos y las interpuestas por los trabajadores ordinarios, en cuanto al lapso que determinan las respectivas leyes para ejercer esas acciones en contra del Estado o entidad pública en su carácter de patrono, y que en esencia poseen la misma naturaleza, fundamento legal y constitucional. Se resaltan las diferencias entre caducidad y prescripción desde el punto de vista del tipo pretensiones a que pueden aplicarse una y otra forma de extinción de derechos y se hace una revisión crítica de la vacilante y contradictoria jurisprudencia de las Cortes Contencioso Administrativas y de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Finalmente, la propuesta del autor se orienta a la idea de que las acciones de cobro no estén sujetas a lapso de caducidad sino a la prescripción ordinaria laboral de los derechos reclamados, lo que sustenta en fuentes constitucionales y en una sistemática y teleológica interpretación del ordenamiento e instituciones en estudio.

FORMA DE REFERENCIAR LA OBRA:

Aguilar, R. A. (2012) Consideraciones sobre la caducidad de las pretensiones de cobro de prestaciones sociales y otros derechos patrimoniales de los funcionarios públicos. Caracas: Fundación Estudios de Derecho Administrativo (FUNEDA).

PALABRAS CLAVE:

Caducidad, prescripción, cobro de prestaciones sociales, funcionarios públicos, derechos laborales.